Los sueldos en la cosa pública (y III)

En las dos entradas anteriores hablamos de la regulación de salarios en la empresa pública y de los sueldos de los políticos locales. En esta tercera y última de la serie toca comparar.

El presidente del gobierno de España gana 78.000 € anuales; el ex-presidente Zapatero 6.000 € más (84.000 €) por ser miembro del Consejo de Estado. No es lógico. Sarkozy, por ejemplo, recibe 253.600 €; Merkel, 220.00 €; Obama, 1.309.164 €. Pero la lista de cargos públicos españoles que superan los emolumentos de Mariano Rajoy es extensa: Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid, 108.000 €; Artur Mas, presidente de la comunidad catalana, 144.000 €; Xavier Trías, alcalde de Barcelona, 146.000 €; Ana Botella, alcaldesa de Madrid, 102.000 €; Griñán, presidente andaluz, 85.000 €…y así podríamos seguir con cientos de nombres, pues casi todos los alcaldes de capitales de provincia y presidentes de diputaciones cobran más de 78.000 €. Y hasta los alcaldes de los municipios madrileños Pozuelo de Alarcón, Alcalá de Henares, Leganés, Boadilla del Monte o Alcobendas superan esa cifra.

También los presidentes de las altas instituciones del estado español tienen salarios superiores al del presidente Rajoy. Desde los 115.000 € del Defensor del Pueblo a los 130.000 € del presidente del Tribunal Supremo.

Si buscamos a los políticos que a su cargo institucional añaden ingresos como miembros de consejos de administración de empresas públicas o de entidades financieras, las cifras ya son de escándalo.

Es evidente que la política no está muy bien pagada. O depende. ¿De qué? De donde proceda el político; si viene de su casa con una mano delante y otra detrás con el carnet del partido entre los dientes como un cuchillo afilado, está muy bien pagada; si procede, por ejemplo, de la empresa privada o de su cátedra de universidad, está muy mal pagada.

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3 comentarios el “Los sueldos en la cosa pública (y III)

  1. Lo peor de todo es que no se puede llevar a la carcel a esos canallas como Garzón, Camps, Bono, Griñan, y compañía que han arruinado a Comunidades, ayuntamientos, etc….

    No solo regular su salario, sino que además posibilidad de ir a la carcel si se deja la deuda económica que ha dejado por ejemplo Bono en Castilla la Mancha, o Gallardon en Madrid.

    Además de quedar inhabilitados de por vida para cargos públicos, o de libre designación para evitar que ZP este by the face o Camps cobrando de por vida un sueldo que no se merecen.

    • Esperemos que el gobierno actual impulse alguna reforma en ese sentido según lo anunciado en el pasado Consejo de Ministros. Gracias por participar aportando tu opinión Oskar

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