Poltergeist en los ayuntamientos

Últimamente en los ayuntamientos suceden fenómenos paranormales: los cajones se abren y se cierran solos. Se abren para rebuscar facturas perdidas; se cierran para esconder proyectos que nunca se ejecutarán.

Pero, ¿cuánto nos cuestan esos proyectos? Al menos, directamente, el coste de redacción del proyecto, el concurso público (si lo hay) y el coste de oportunidad de los técnicos y políticos que han trabajado en ello. Y como costes indirectos, la destrucción de empleo, la caída del consumo y una menor recaudación vía impuestos, tasas y licencias. Da igual quien gobierne: populares, socialistas, convergentes, comunistas o nacionalistas; y el tamaño del municipio: pequeños pueblos, pueblos medianos, ciudades dormitorio o capitales de provincia. Las entidades locales están endeudadas hasta las cejas (como la mayoría de los españolitos), y lo que es peor, con déficit.

Los ciudadanos entendemos que las instituciones tengan deuda, pero en ningún caso que arrastren déficit. El desequilibrio financiero viene de una mala penosa gestión por parte de los políticos y de los técnicos con responsabilidades: interventores, tesoreros y secretarios municipales. Muchos están rozando la quiebra. Cualquier pueblo cuenta con telecentro (es decir, un edificio dotado de varios ordenadores y acceso a Internet), centro social (donde se reúnen los jubilados para jugar a las cartas o las señoras para hacer manualidades), consultorio médico, edificio consistorial noble con despachos propios de empresas del Ibex 35, y algunos más privilegiados hasta guardería, colegio, polígono industrial, piscinas, pistas de padel o polideportivo; al igual que cualquier capital de provincia tiene su aeropuerto, su universidad, su auditorio, su museo emblemático, sus centros cívicos, su gran espacio multiusos cubierto o su recinto ferial…y además con firma de arquitectos de marca: suizos, japoneses, fosters o calatravas.

La mayoría de todas esas infraestructuras se construyeron o rehabilitaron con fondos europeos y con ingresos que procedían de la burbuja inmobiliaria (venta de terrenos municipales para construir viviendas e impuestos por licencias de obras). Pero la fiesta se acabó, Europa cerró el grifo y la burbuja estalló. Ahora hay que mantener esas infraestructuras (gasto corriente) y terminar de pagar las inversiones (amortizaciones y gastos financieros).

Mientras tanto, se pide a los empresarios una quita en sus deudas con los ayuntamientos para poder cobrar los más de 35.000 millones que les nos adeudan. ¿Para cobrar antes del plazo de 45 días en 2012 según la ley? No, para, simplemente cobrar. De broma. Igual parece poca quita los costes financieros de aguantar sin cobrar. O el coste de adelantar el IVA. La única medida alternativa que se podría aceptar es la renuncia a reclamar los legítimos intereses de demora, bastante ajustaditos (al 4% de interés legal) si los comparamos con el 20% o hasta el 40% de recargo si pagas un tributo o una multa con retraso. Un país de pandereta. Lo dicho, Poltergeist.

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Los sueldos en la cosa pública (y III)

En las dos entradas anteriores hablamos de la regulación de salarios en la empresa pública y de los sueldos de los políticos locales. En esta tercera y última de la serie toca comparar.

El presidente del gobierno de España gana 78.000 € anuales; el ex-presidente Zapatero 6.000 € más (84.000 €) por ser miembro del Consejo de Estado. No es lógico. Sarkozy, por ejemplo, recibe 253.600 €; Merkel, 220.00 €; Obama, 1.309.164 €. Pero la lista de cargos públicos españoles que superan los emolumentos de Mariano Rajoy es extensa: Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid, 108.000 €; Artur Mas, presidente de la comunidad catalana, 144.000 €; Xavier Trías, alcalde de Barcelona, 146.000 €; Ana Botella, alcaldesa de Madrid, 102.000 €; Griñán, presidente andaluz, 85.000 €…y así podríamos seguir con cientos de nombres, pues casi todos los alcaldes de capitales de provincia y presidentes de diputaciones cobran más de 78.000 €. Y hasta los alcaldes de los municipios madrileños Pozuelo de Alarcón, Alcalá de Henares, Leganés, Boadilla del Monte o Alcobendas superan esa cifra.

También los presidentes de las altas instituciones del estado español tienen salarios superiores al del presidente Rajoy. Desde los 115.000 € del Defensor del Pueblo a los 130.000 € del presidente del Tribunal Supremo.

Si buscamos a los políticos que a su cargo institucional añaden ingresos como miembros de consejos de administración de empresas públicas o de entidades financieras, las cifras ya son de escándalo.

Es evidente que la política no está muy bien pagada. O depende. ¿De qué? De donde proceda el político; si viene de su casa con una mano delante y otra detrás con el carnet del partido entre los dientes como un cuchillo afilado, está muy bien pagada; si procede, por ejemplo, de la empresa privada o de su cátedra de universidad, está muy mal pagada.

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Los sueldos en la cosa pública (II)

Si en la anterior entrada hablábamos de salarios públicos en el ámbito estatal, ahora toca hacerlo en el local.

Mi idea al respecto es clara: se debe regular el ejercicio de lo público. Es necesario una ley de ámbito estatal, en el que se limite su salario y sus incompatibilidades más allá de los acuerdos entre el gobierno y la oposición local. Es muy difícil que en un municipio se aprueben las ordenanzas fiscales o los presupuestos o los planes urbanísticos por unanimidad, pero casi siempre se consigue un acuerdo para regular sus emolumentos. Y casi siempre al alza.

No me gustan los políticos profesionales. Y los hay muy buenos. Muy capaces, honestos y eficientes. Pero no me gustan. El porqué es sencillo: ante la duda tomarán el camino fácil, aquel que no comprometa su puesto, con independencia de que sea o no la mejor de las alternativas para su ciudad.

Creo que antes de gestionar lo público, hay que demostrar una valía fuera de la política. Por su propia seguridad laboral y económica, un político no puede depender de un puesto a dedo. Tiene que tener una profesión o un oficio en la vida civil. En caso contrario, será un mero instrumento al servicio de su partido político, que es quien decide la composición de las listas electorales.

Habitualmente se dice que ocupar un cargo político es un servicio a la sociedad, vocacional y voluntario. Lo último seguro, lo de servicio a la sociedad, discutible. Algunos se sirven a sí mismos. Siempre he defendido que quiero buenos gestores en la política, y para ello tiene que estar bien pagada ¿Y eso qué significa? Que se gane lo mismo (o un simbólico euro más, para que nadie diga que pierde dinero) en la política que en su ocupación fuera de ella. Fijando un tope salarial (por ejemplo los 105.000 euros anunciados en la reforma de los salarios en empresas públicas) ningún buen gestor podría argumentar un no a la dedicación política por razones económicas aunque con ese tope salarial pueda perder poder adquisitivo. De la misma manera que fijando un mínimo, nadie entraría en política sin tener un trabajo anteriormente. De esta forma, quien esté en política sin una profesión remunerada anterior cobraría 641,40 euros/mes, el salario mínimo interprofesional que anualmente se publica en el BOE. Eso sí es servicio público. ¿Cómo puede ser que tengamos ediles cobrando más de 40.000 euros anuales que nunca han cotizado a la seguridad social? ¿Sin oficio o profesión conocida? Incluso algunos sin titulación superior pero aupados al cargo con el carnet del partido en la mano. Y otros muchos que se inventan títulos universitarios para adornar un currículum que, en algunos casos, no sería aceptable ni para un trabajo de, con todos mis respetos, reponedor en Hipercor vía ETT. De cv inflados hay ejemplos en todos los partidos, de derechas, de izquierdas, de socialistas y de populares, y en todos los niveles: concejales, diputados, secretarios de estado e incluso ministros.

Algunos dicen que la política es fiel reflejo de la sociedad: sociedades mediocres, gobernantes mediocres. Al final, va a ser cierto que tenemos lo que merecemos…¿Y tú qué opinas?

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Los sueldos en la cosa pública (I)

El Gobierno ha limitado los salarios de los directivos en empresas públicas. Me parece una buena medida pero insuficiente, porque nuevamente los políticos ven la paja en ojo ajeno y no ven la viga en el suyo.

Los directivos de empresas grandes cobrarán como máximo 105.000 euros al año, los de medianas 80.000 euros al año, y las de menor dimensión, 55.000 euros al año. Además, se limita el número de consejeros en 15, 12 y 9 respectivamente, con un ahorro de apenas 1 millón de euros por la reducción de los consejos de administración. Falta estimar el ahorro derivado del  recorte salarial. Estas medidas, enlazan con el anuncio de eliminar unas 450 empresas públicas.

Los sueldos públicos se han ajustado a la baja dentro de la realidad del mercado laboral, alejándose bastante de la media en la empresa privada. Según un estudio de la consultora ICSA y Laboris.net el salario medio de directivos en Cataluña es de 67.000, 108.000 y 171.000 euros en función del tamaño de las compañías. Si comparamos estas retribuciones con las de la banca o las empresas del IBEX, las diferencias son abismales.

Entendiendo el ejercicio de lo público como un servicio vocacional, el ajuste a la baja no es escandaloso ni mucho menos, pero sorprende que el directivo de una pyme pública tenga una retribución inferior a la mayoría de los diputados y senadores de nuestro país, quienes, en el caso de la Cámara Baja, tienen unos ingresos mensuales repartidos en:
– Sueldo base: 3.483,46 euros
– Indemnización por alojamiento de 1,762,18 euros (841,12 si vive en Madrid)
– Hasta 250 euros/mes de gastos en taxi o 0,25 euros/km si usan su vehículo particular
– Dietas diarias de 120 euros para viajar por España y 150 por el extranjero
– Kit tecnológico (valorado en más de 1.550 euros): tarifa adsl en su domicilio, iPad y smartpphone (iPhone o BlackBerry a elegir)
– Billetes gratis de avión, tren o barco.

Eso sin incluir los complementos mensuales en función de sus labores parlamentarias: el presidente de una comisión recibe 1.536,56 euros más al mes y el portavoz, 1.123,43. Además los miembros de la mesa cobran adicionalmente: el presidente 3.483,46 euros, más 3.782,76 euros en gastos de representación, más otros 3.101,53 de libre disposición. Los vicepresidentes perciben por los mismos conceptos 1.328,06, 1.109,84 y 776,35 euros mensuales, respectivamente. Casi ná, que diría un castizo.

Y todo lo anterior sin el más mínimo control del absentismo, siendo compatible con una segunda actividad (profesor, tertuliano, conferenciante…) y con un régimen fiscal favorable que les retiene un 37% del sueldo base mientras el resto de ingresos quedan exentos de retención, por lo que la media es de un 17% en lugar de aplicarse el tipo máximo de IRPF. Sueldo alto y retención de mileurista. Al menos, se ha dado un paso en la transparencia de sus señorías y se han publicado sus declaraciones de bienes, aunque sirvan más para el cotilleo y el amarillismo que para otra cosa.

El único gesto destacable de austeridad que se ha aplicado a los parlamentarios de ambas cámaras ha sido la congelación de sus sueldos y la suspensión de la aportación al plan de pensiones. Qué menos, ¿no?

Continuará…

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#LET, Liberales en Twitter

Ha nacido en Twitter la etiqueta #LET Liberales En Twitter con la intención de agrupar la información, opiniones, enlaces y todo aquello que la red de microblogging permite en 140 caracteres sobre el pensamiento liberal.

No sé si el creador de la etiqueta twittera es Diego Sánchez de la Cruz, periodista del Grupo Libertad Digital y bloguero, o Luis I. Gómez, expatriado en Leipzig (Alemania), autor del blog Desde el exilio, bioquímico y CEO de la empresa Indago GmbH. Lo importante no es quién o cómo, si no qué y por qué de #LET. Para su difusión están colaborando activamente, entre otros, los economistas Gabriela MaldonadoÁlvaro Lodares, Carlos Rodríguez Braun o María Blanco.

¿Por qué? Porque el liberalismo es más necesario que nunca en estos tiempos. Porque en España estamos viendo que gobierne quien gobierne se repiten los mismos errores (subida de impuestos, ataque a la propiedad privada, eliminación de la libertad individual o desmesurado intervencionismo estatal) bajo el paraguas de la defensa del estado de bienestar. Parece que el socialismo de centro-izquierda de Zapatero ha dado paso al socialismo de centro-derecha de Rajoy.

Intentemos practicar un activismo activo y luchemos desde las ideas, y al menos ganaremos la batalla de la dignidad.

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Bye bye 2o11. Wellcome 2o12?

Se acaba el año 2o11, nefasto para la mayoría de los españoles y las previsiones para 2o12 no son nada esperanzadoras. Desaceleración, tijeretazo, decrecimiento, recesión, recortesajustes…Desgraciadamente, parece que en el primer trimestre semestre lo único que subirá son los impuestos y el desempleo. A los malos augurios de los analistas económicos se suman la incertidumbre (el peor enemigo de la economía) y la crisis del euro.

En el primer consejo de ministros no se han aprobado ninguna de las medidas anunciadas para incentivar la economía como la compensación de deudas de AA.PP. con las empresas, no adelantar el IVA no cobrado o la ley de emprendedores, pero en cambio se ha recortado el presupuesto para I+D+i. Malas noticias que van a provocar un masivo éxodo de talento, una fuga de cerebros, de científicos que son el mayor valor que tenemos para el futuro; ha costado mucho esfuerzo y mucho dinero formar a nuestros investigadores y ahora se aprovecharán en otros países de su capacidad. Adiós al retorno de parte de lo que se invierte en educación.

Poco originales las medidas marianas ya que existen otras alternativas para recortar gastos antes de buscar ingresos vía subida impositiva. ¿Nos dan gastos por liebre?

En fin, ya lo hemos oído muchas veces, pero en The New York Times nos lo recuerdan: In Spain, the party is over. Se acabó la fiesta.

Para algunos será mejor pensar ya en 2o13 (2o12 + 1 para los supersticiosos del número 13) porque dan por perdido el año entrante. Otros vamos a luchar, ¡qué remedio!

¡Feliz 2o12! (“A pesar del gobierno”, que diría el doctor Rodríguez Braun)

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#MinistrosRajoy

Desde que Rodríguez Zapatero convocó elecciones para el 20-N, tanto las tertulias de los medios como las de barra de bar han venido realizando sus quinielas sobre los futuros ministros que Mariano Rajoy nombraría en una más que probable victoria popular. Llegó el 20-N, ganó el PP (o perdió el PSOE) y después de un largo mes de traspaso de poderes, el Presidente Rajoy nombró ministros.

Todos los medios, incluso los de linea editorial progresista, han destacado la excelente preparación de los #MinistrosRajoy: su sólida formación académica, sus duras oposiciones a los puestos más difíciles de la administración y su experiencia de gestión pública. Les han definido como ‘TASP’, Técnicos Amigos y Sobradamente Preparados. Pero, aunque sobradamente preparados, España necesita mucho más. Necesitamos que la toma de decisiones sea rápida, necesitamos austeridad y necesitamos aligerar la administración, empezando por las empresas y fundaciones públicas. Y sobre todo, hay dos asuntos prioritarios: empleo y financiación.
Para crear empleo hay que crecer. Por tanto el gobierno debe crear condiciones favorables al crecimiento, y entonces se crearán puestos de trabajo. Pero antes hay que hacer reformas. Algunas dolorosas e impopulares.
Para crecer hay que disponer de financiación. Se esperan más fusiones en el sector bancario. Necesitamos que fluya el crédito para las pymes y los emprendedores. Nuestra credibilidad ante el euro y la fortaleza ante los mercados exteriores van a ser claves en los primeros meses de 2012. De momento, el Ibex 35 y los mercados bursátiles han recibido al nuevo gobierno con subida.

Para ilustrar lo comentado, basta comparar la trayectoria vital de los nuevos ministros con los salientes. Entre los nuevos, hay un catedrático (Montoro), tres Premios Extraordinarios Fin de Carrera (De Guindos, Soraya y Wert), seis altos funcionarios (un fiscal, dos abogados, un inspector y dos economistas del Estado), y varios con dobles titulaciones superiores y/o doctorados. Los menos brillantes solamente tienen una licenciatura, un master o son profesores de universidad. Igualitos que el bachiller Blanco o la socióloga Pajín, sin más ocupaciones conocidas que la política. Entre los salientes, solo Elena SalgadoÁngel Gabilondo y Cristina Garmendia tienen la categoría intelectual y la trayectoria profesional que un país desarrollado se merece para sus ministros.

Dos características más tienen en común los nuevos ministros: varios (seis más el propio Presidente) son twitteros y la mayoría poseen formación económica. Ser twittero no es ninguna virtud en sí mismo, pero demuestra cercanía, capacidad de comunicación y de síntesis (por lo de los 140 caracteres). Deseamos que ahora no dejen de twittear. Lo de la formación económica resulta obvio, no estamos para tonterías.

Me han sorprendido las críticas a Luis De Guindos por su pasado en Lehman Brothers. En España, si has sido protagonista o formado parte de un fracaso hay que esconderlo, es un deshonor, una vergüenza, mientras en USA se destaca en el currículum-vitae por eso que nos repetían desde niños de que se aprende más de una derrota que de cien victorias. De esta manera, mientras parte de la prensa española señalaba a De Guindos como corresponsable de la quiebra de Lehman por la crisis de las subprime, medios extranjeros como el influyente Financial Times simplemente mencionaban su paso por el banco americano como una experiencia curricular.

La cortesía en estos casos habla de cien días, pero el país no está para perder tres meses. A trabajar.

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