Los sueldos en la cosa pública (I)

El Gobierno ha limitado los salarios de los directivos en empresas públicas. Me parece una buena medida pero insuficiente, porque nuevamente los políticos ven la paja en ojo ajeno y no ven la viga en el suyo.

Los directivos de empresas grandes cobrarán como máximo 105.000 euros al año, los de medianas 80.000 euros al año, y las de menor dimensión, 55.000 euros al año. Además, se limita el número de consejeros en 15, 12 y 9 respectivamente, con un ahorro de apenas 1 millón de euros por la reducción de los consejos de administración. Falta estimar el ahorro derivado del  recorte salarial. Estas medidas, enlazan con el anuncio de eliminar unas 450 empresas públicas.

Los sueldos públicos se han ajustado a la baja dentro de la realidad del mercado laboral, alejándose bastante de la media en la empresa privada. Según un estudio de la consultora ICSA y Laboris.net el salario medio de directivos en Cataluña es de 67.000, 108.000 y 171.000 euros en función del tamaño de las compañías. Si comparamos estas retribuciones con las de la banca o las empresas del IBEX, las diferencias son abismales.

Entendiendo el ejercicio de lo público como un servicio vocacional, el ajuste a la baja no es escandaloso ni mucho menos, pero sorprende que el directivo de una pyme pública tenga una retribución inferior a la mayoría de los diputados y senadores de nuestro país, quienes, en el caso de la Cámara Baja, tienen unos ingresos mensuales repartidos en:
– Sueldo base: 3.483,46 euros
– Indemnización por alojamiento de 1,762,18 euros (841,12 si vive en Madrid)
– Hasta 250 euros/mes de gastos en taxi o 0,25 euros/km si usan su vehículo particular
– Dietas diarias de 120 euros para viajar por España y 150 por el extranjero
– Kit tecnológico (valorado en más de 1.550 euros): tarifa adsl en su domicilio, iPad y smartpphone (iPhone o BlackBerry a elegir)
– Billetes gratis de avión, tren o barco.

Eso sin incluir los complementos mensuales en función de sus labores parlamentarias: el presidente de una comisión recibe 1.536,56 euros más al mes y el portavoz, 1.123,43. Además los miembros de la mesa cobran adicionalmente: el presidente 3.483,46 euros, más 3.782,76 euros en gastos de representación, más otros 3.101,53 de libre disposición. Los vicepresidentes perciben por los mismos conceptos 1.328,06, 1.109,84 y 776,35 euros mensuales, respectivamente. Casi ná, que diría un castizo.

Y todo lo anterior sin el más mínimo control del absentismo, siendo compatible con una segunda actividad (profesor, tertuliano, conferenciante…) y con un régimen fiscal favorable que les retiene un 37% del sueldo base mientras el resto de ingresos quedan exentos de retención, por lo que la media es de un 17% en lugar de aplicarse el tipo máximo de IRPF. Sueldo alto y retención de mileurista. Al menos, se ha dado un paso en la transparencia de sus señorías y se han publicado sus declaraciones de bienes, aunque sirvan más para el cotilleo y el amarillismo que para otra cosa.

El único gesto destacable de austeridad que se ha aplicado a los parlamentarios de ambas cámaras ha sido la congelación de sus sueldos y la suspensión de la aportación al plan de pensiones. Qué menos, ¿no?

Continuará…

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